Las miradas para la paz estan puestas sobre la Corte Constitucional

Análisis
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El foco de interés en el proceso de pacificación con las Farc pasó del Congreso a la Corte Constitucional.

 La Corte debe decidir si la refrendación que hizo el Congreso entre martes y miércoles en largas sesiones de debate y con votación final por el SI en ambas cámaras equivale a la refrendación popular que menciona el denominado Acto Legislativo para la Paz.

Ese es el punto en discusión ahora. Para eso está reunida la Corte en decisión con base en una ponencia de la magistrada María Victoria Calle en que pide declarar válida la refrendación por el Congreso pero no hace referencia a si opera el procedimiento rápido con soporte en esa decisión del órgano legislativo.  

Por eso hay expectativa acerca de cómo deben ser los tramites y hay peticiones nacionales e internacionales a la Corte para que facilite la implementación con lo que está para su decisión. Es decir, que no espere nuevas oportunidades. El tiempo es escaso.

Si la respuesta es sí se activa el procedimiento rápido (fast track) que reduce a la mitad los trámites ordinarios de actos legislativos y leyes de implementación de los acuerdos. Tampoco los congresistas  tienen opciones de variar los contenidos de los proyectos.

Si la respuesta es No debe haber una consulta popular refrendatoria o acudir a la vía ordinaria en los trámites legislativos y eso puede desbordar los tiempos establecidos en los protocolos de implementación con riesgo de que los jefes  guerrilleros pierdan poder sobre sus hombres y aumenten las disidencias.

Un proyecto de acto legislativo debe durar al menos un año para sus dos vueltas y ocho veces en votación. La apertura a posibles cambios de contenido también demora los debates y lo que se requieren son decisiones urgentes para preservar el cese bilateral del fuego.

Se cree que el Congreso deba tramitar unos cien actos legislativos o leyes y que lo mejor es que en 180 días, que es el tiempo en que estarán concentrados para su desmovilización y entrega de armas, se hayan resuelto las necesidades normativas más importantes, como la ley de amnistía y la creación del Sistema Judicial.

También hay leyes económicas, como las que desarrollan la modernización rural y sobre cultivos ilícitos. Están igualmente pendientes las reformas políticas, como la electoral.

Un riesgo es que haya coincidencia de las leyes de implementación con la campaña electoral, pues el frenesí de los debates es contrario a la necesidad de agilizar en un ambiente tranquilo el proceso de implementación que requiere ajustes legislativos.

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