El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, reveló que ese ente del Estado no cuenta con los recursos para salvaguardar la vida de los líderes sociales que han sido amenazados de muerte.

En cifras, serían al menos 500 mil representantes que estarían expuestos a este tipo de riesgos, según el director. En este sentido, aseguró que es “casi imposible” brindarle protección a cada uno de los miembros de juntas de acción comunal y consejos comunitarios que podrían estar en peligro, y aclaró que no tienen presupuesto para realizar censos preventivos en cada región donde puedan existir víctimas.

Así mismo, advirtió que las solicitudes de protección han aumentado, “en lo corrido del 2018 han llegado 25 mil”, puntualizó.

Por otra parte,  explicó que se han presentado casos en los que no se le da el uso adecuado al esquema de seguridad. “Hay colombianos que deciden interponer tutela para mantenerlo(…) y el proceso para retirar definitivamente  la protección puede durar hasta un año.”

Por último, Mora sugirió que la problemática “debe atenderse de manera colectiva y no de manera individual”, por lo que informó que la Unidad trabaja en conjunto con el Ministerio de Defensa para conocer la situación directamente en las poblaciones más vulnerables.