La procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, por supuesta participación en política, al haber inaugurado el estadio de béisbol que se utilizará en los juegos Bolivarianos, junto al exalcalde de esta ciudad y hoy candidato a la presidencia de la república, Carlos Caicedo.

Sin embargo, este tipo de casos nos ajeno en el territorio nacional, lo grave de la situación, es que la procuraduría parece favorecer a algunos funcionarios y a sus partidos más que a otros.

Tal es el caso de la visita de Germán Vargas Lleras a la ciudad de Barranquilla en el pasado 2010, cuando Alejandro Char, actual alcalde de la ciudad, y quien en ese entonces pasaba por su primer periodo como burgomaestre, recibió al excandidato presidencial de su partido y juntos hicieron un recorrido por distintas partes de la arenosa, por lo que fue denunciado y pasó a investigación preliminar del ministerio público, pero al parecer el caso no prosperó.

De igual manera, la misma procuraduría destituyó al entonces Gobernador del Valle del Cauca, Juan carlos Abadía, por haber asistido a una reunión en febrero del 2010 a la que también asistió el en ese entonces precandidato por el partido conservador, Andres Felipe Arias, hoy con orden de extradición por una condena en Colombia por el caso de Agro ingreso seguro.

La sanción fue fácilmente tumbada por una tutela del consejo superior de la judicatura seccional Valle. Pero actualmente a Abadía se le investiga por presuntos nexos con el cartel de la Toga, y esta investigación estuvo archivada por más de 7 años en la fiscalía, sin que esta avanzara.

Mientras la investigación contra Martínez continúa, algunos procesos, hoy archivados, ponen en evidencia una posible preferencia de algunos entes con ciertos partidos políticos y sus funcionarios.